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Queja revela falta de atención a embarazadas en centros de detención

Now back at her apartment in Oceanside, Maria Solis spoke about her experience while detained at the Otay Mesa Detention Center. Solis is pregnant with her fourth child and feared a miscarriage while being detained. (Nelvin C. Cepeda / San Diego Uni

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San Diego Union-Tribune

Después de que una mujer habló sobre su temor de abortar mientras estaba detenida, otras han dado un paso adelante para decir que la atención médica brindada a las inmigrantes embarazadas bajo custodia es inadecuada.

Mientras que María Solís, de 29 años y residente de Oceanside, estaba en el centro de detención de Otay Mesa, compartió lo difícil que fue pasar un embarazo de alto riesgo mientras estaba detenida. Desde entonces, varias organizaciones de defensa, incluida la Unión Americana de Libertades Civiles y la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, recogieron testimonios de otras inmigrantes embarazadas bajo custodia y enviaron una queja a la oficina de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional.

“Estamos gravemente preocupados por la falta de cumplimiento por parte de la agencia de su propia política contra la detención de mujeres embarazadas, las condiciones de detención que han sido reportadas por mujeres embarazadas (...) en todo el país, y la falta de atención médica de calidad brindada a las mujeres que están embarazadas o que han sufrido abortos involuntarios mientras están bajo custodia”, dice la queja.

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Now back at her apartment in the north county, Maria Solis spoke about her experience while detained at the Otay Mesa Detention Center. Solis is pregnant with her fourth child and feared a miscarriage while being detained.
Now back at her apartment in the north county, Maria Solis spoke about her experience while detained at the Otay Mesa Detention Center. Solis is pregnant with her fourth child and feared a miscarriage while being detained.
(Nelvin C. Cepeda / San Diego Union-Tribune)

Según un memorando de 2016, la política de la agencia de Inmigración y Aduanas es liberar a las mujeres embarazadas a menos que existan circunstancias extraordinarias o que sus casos requieran una detención obligatoria según las leyes de inmigración.

Lauren Mack, vocera de ICE, dijo que la agencia toma esas decisiones “en base a los hechos individuales y la totalidad de las circunstancias caso por caso”.

Del 1 de octubre de 2016 al 18 de septiembre de 2017, la agencia detuvo a 525 mujeres que confirmó que estaban embarazadas. Eso es menos del 1 por ciento de las mujeres que ICE detuvo en ese período de tiempo.

“ICE se compromete a garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de todos los que están a nuestro cuidado”, dijo Mack. “Además de las pruebas de embarazo al momento de ingreso, las instalaciones de detención de ICE brindan atención y educación, así como acceso remoto a especialistas para mujeres embarazadas que permanecen bajo custodia”.

Happy to be back at home in the north county, Maria Solis tends to the needs of one of her children.
(Nelvin C. Cepeda / San Diego Union-Tribune)

Al menos dos mujeres han abortado recientemente mientras estaban en centros de detención para inmigrantes, según la denuncia de los defensores. Una de ellas estaba detenida en el centro de Otay Mesa, la misma instalación que Solís.

Jennye Pagoada-Lopez, de 32 años, llegó al puerto de entrada de San Ysidro en julio para buscar asilo político de Honduras y El Salvador. En una declaración jurada proporcionada por su representante legal, dijo que en ambos países, ella y su familia habían sido blanco de una pandilla llamada La 18.La pandilla también se conoce como M-18, Barrio 18, o la pandilla de la calle 18 y es rival de la MS-13.

Su representante legal, Luis Guerra, la acompañó a la frontera para asegurarse de que las autoridades estuvieran conscientes de que estaba embarazada de cuatro meses y con alto riesgo de sufrir un aborto debido a su historial de embarazos prematuros y abortos involuntarios. Él esperaba que no la detuvieran debido a su estado de salud, dijo.

Los funcionarios de la frontera la detuvieron en una celda de detención temporal el 23 de julio y luego la trasladaron a Otay Mesa al día siguiente. Mientras estuvo en detención temporal, intentó alertar a los funcionarios que estaba sangrando y necesitaba atención médica, de acuerdo con su declaración jurada. Ella no recibió ayuda.

Solis spoke about her experience while detained at the Otay Mesa Detention Center.
(Nelvin C. Cepeda / San Diego Union-Tribune)

La primera vez que vio a un proveedor médico fue en su segundo día en Otay Mesa, dijo. Le dieron una prueba de embarazo.

Unos cuatro días después, el personal médico le dijo que había tenido un aborto involuntario, dijo en la declaración.

Mack dijo que ICE no tiene antecedentes de que Pagoada-Lopez estuviera alguna vez embarazada.

“De acuerdo con las normas nacionales de detención basadas en el desempeño de ICE, todas las mujeres hasta los 56 años de edad son sometidas a un examen de embarazo poco después de ser procesadas en las instalaciones de detención de la agencia”, dijo Mack. “En los casos en que se cuestionan los resultados del examen de admisión, se pedirán más pruebas de laboratorio para confirmar un resultado de embarazo negativo o positivo. En este caso, se siguieron todos los protocolos apropiados, y las pruebas médicas no respaldaron a la señora Pagoada quien aseguró que estaba embarazada”.

Guerra tiene documentos de un médico de Tijuana que diagnostica a Pagoada-López como embarazada tres días antes de llegar a San Ysidro.

San Diego Union-Tribune no pudo entrevistar a Pagoada-Lopez en detención a tiempo para su publicación.

Solís, quien fue detenida por ICE cerca de su apartamento en Oceanside a principios de agosto, recordó haber conocido a Pagoada-Lopez mientras ambas estaban detenidas. Solis se enteró de su aborto involuntario, y otras mujeres le decían que tuviera cuidado con sus niveles de estrés para que no terminara como Flaca, el apodo de Pagoada-López.

“Eso fue extremadamente aterrador”, dijo Solís.

Preocuparse por su embarazo durante la detención fue estresante, dijo Solís, y eso la puso en mayor riesgo, lo que la preocupó más.

El sistema para ser visto por un médico fue lento y no tuvo en cuenta las necesidades urgentes, dijo Solís. Con la ayuda de sus hermanos, comenzó a alertar a los medios de comunicación sobre lo que consideró una atención médica inadecuada que podría afectar la vida de su bebé por nacer.

“Estar detenida, fue aterrador”, dijo Solís. “Tenía miedo, ‘¿qué pasa si me tratan diferente? ¿Qué pasa si afecta mi caso?’ Para mí fue un gran paso”.

Ahora que ha visto los efectos de compartir su historia, está contenta de haberlo hecho.

Mientras aún estaba bajo custodia, Pagoada-Lopez se acercó a Solís para abrazarla.

“Ella me dijo: ‘Gracias por hablar’”, recordó Solís.

Después de que Solís aceptó ser deportada para poder proteger la salud de su bebé, las autoridades decidieron, en una extraña decisión, que podría quedarse en Estados Unidos mientras espera el resultado de una solicitud de visa que la llevaría a la residencia permanente en el país.

“Todavía estoy sorprendida”, dijo Solís. “No podía creerlo”.

Ella esperaba que las autoridades le dijeran que habían cometido un error y le confesaran que la mandarían a Tijuana.

Esa noche, cuando Solís se reunió con su esposo y hermanos, cuando ICE la liberó en San Ysidro, supo que era real. Ella lo llamó un milagro.

Se fue a su casa y sorprendió a sus tres hijas, que se quedaban con su tía y no sabían que su madre regresaría a casa.

Cuando las chicas se dieron cuenta de que su madre había regresado, corrieron hacia ella y ella se puso de rodillas para abrazarlas, dijo.

Un día, agregó, contará la historia a su cuarto hijo acerca de lo que pasó y cómo la salvó.

“Va a ser mi pequeño bebé milagroso”, expresó.

Morrissey escribe para el U-T.

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